El nou llibre de Gonzalo Boye

septiembre

La última semana de agosto la pasé en viajes y reuniones, especialmente en Barcelona, porque teníamos que preparar la vista del president Torra señalada para el 17 de septiembre, y porque seguíamos avanzando en el tema del suplicatorio y en la contestación a la apelación que presentó el fiscal belga en contra de la sentencia de Lluís Puig del 7 de agosto.

La vista, más bien el señalamiento de la vista del president Torra, fue fiel reflejo de cómo se ha manejado todo ese caso. En un momento dado, desde el departamento de prensa del Supremo se remitió un mensaje a los distintos medios de comunicación anunciando la fecha de la vis­ta. Cuando muchos periodistas nos preguntaron por ello, simplemente dijimos que era imposible, porque cuando salió el anuncio aún no se había conformado la Sala que la celebraría.

De acuerdo con la ley, que es la gran olvidada en este y tantos procedimientos, la fecha de la vista debe señalarse con posterioridad a la conformación de la Sala y eso responde a una lógica: si no se sabe aún qué jueces la compondrán, no se puede saber en qué fecha pueden celebrar la vista o no.

Aquí, por ese desliz, quedó en evidencia que daba lo mismo quiénes conformasen la Sala y cuáles fuesen sus agendas, porque lo importante es que alguien, alguien con bastante poder, había determinado que esa vista se celebraría en una fecha concreta y que el resto se podía adaptar a la misma.

Mientras hacíamos todas estas cosas, mantuve varias reuniones de cara a seguir adelante con la investigación del tema Pegasus. Vi a algunos de los entonces posibles afectados, les expliqué lo que estábamos haciendo y les dejé claro qué necesitábamos de ellos.

Entre las múltiples reuniones que mantuve en esos días en Barcelona destaco una con una diputada al Parlament de Catalunya con la que quedé para verme a las diez de la mañana en una terraza del Born; durante la espera vi cómo a distancia ella atravesaba una plaza desde la calle de la Ribera hacia la calle de la Fusina mientras la seguía discretamente un personaje que, como siempre ocurre cuando se actúa desde la impunidad, no se dio cuenta de que yo le había detectado y fotografiado.

Si no son objetivos de potenciales atentados, seguir a parlamentarios electos no es más que el fiel reflejo de cómo ciertos sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se sienten con el derecho, y también el respaldo, de dedicar su tiempo a controlar la vida de aquellos a los que consideran sus enemigos. Se están gastando ingentes recursos públicos en espiar a los opositores, a los enemigos, y todos esos gastos no parecen preocupar a nadie.

La semana del 7 de septiembre la dediqué, en parte, a ir preparando la vista del president Torra; el trabajo en esos momentos consistía en sintetizar al máximo los cientos de páginas que componían, primero, el recurso, y luego la impugnación de los escritos del Fiscal y de Vox, que, una vez más, iban de la mano, aunque he de decir que con importantes diferencias en lo técnico y en el rigor jurídico.

El recurso de casación, que no cumple con las exigencias de ser una auténtica segunda instancia —es decir una instancia donde se vuelven a revisar las pruebas y a cues­tionar los hechos— es un recurso que, por definición, es muy técnico y eminentemente escrito, con lo que las vistas orales para defender los recursos son excepcionales y no han de consistir en una reproducción o lectura de lo que se haya dicho ya por escrito.

En definitiva, primero había que sintetizar, luego modular y, finalmente, agregar aquellos argumentos que expresamente reservamos para la oralidad de la vista.

No hay un tiempo legalmente tasado para los alegatos en vistas de casación; sin embargo, desde que Manuel Marchena preside la Sala Segunda, se ha instaurado la costumbre de, al inicio de las vistas, recordar que el recurso es eminentemente escrito y que como se hace en los tribunales internacionales se concederá un tiempo tasado de «aproximadamente veinte minutos». Con ser cierto que en los tribunales internacionales el tiempo suele estar tasado, también lo es que existen turnos de réplica y dúplica que enriquecen el debate jurídico y dan margen para graduar el orden de presentación de los argumentos.

En todo caso, el trabajo era intenso para poder llegar a una exposición que fuese ordenada, racional y ajustada en lo temporal. Mientras yo hacía eso —solo podía ser yo porque era el que tenía que alegar—, Isabel, Costa y Cekpet me iban dando ideas y las referencias de dónde estaban.

En algún momento llegó a ser confuso, pero, poco a poco y con gente con la que uno está acostumbrado a trabajar en equipo, terminó siendo fácil ir encajando aquellas cosas que me pasaban y que yo aún no había metido, e incluso se generó un debate, muy enriquecedor, sobre lo que había que decir o no.

El miércoles fui por el día a Zaragoza a un juicio; era importante y técnicamente muy interesante: otro caso en el cual el sistema se pone firme para sacar de él a quien resulta incómodo. Me tocaba defender a una médico forense injustamente acusada por falsear un informe de una autopsia, cuando lo único que había era una clara discrepancia de criterios en lo técnico, a la que se sumó una evidente animadversión, que fue en lo que se sustentó una sentencia condenatoria que nunca debió dictarse.

Ya nada más entrar en la Sala tuve la sensación de que mi defendida y yo estábamos en territorio hostil, porque tanto la fiscal como la jueza llevaban sendas mascarillas con la bandera de España y la acusada, aparte de ser médico forense, era catalana… Dirán que nada tiene que ver que alguien lleve la bandera de España en una mascarilla, y seguramente sería así si la misma no hubiese sido objeto de apropiación por el más rancio y retrógrado nacionalismo español. Además, no deja de ser paradójico que una autoridad pública, a la que se le presume imparcialidad, pueda exhibir una bandera española en una mascarilla pero que a un presidente autonómico se le haya condenado e inhabilitado por exhibir una pancarta reivindicativa de un sentir mayoritario allí donde él es presidente.

El juicio fue tenso, más bien muy tenso, porque era evidente que la jueza no estaba dispuesta a que se cuestionase a ninguno de los testigos de la acusación, a pesar de la evidente animadversión que acreditamos y que se hacía patente a cada frase que pronunciaban.

Salimos tarde, pero con el tiempo justo para coger el AVE de regreso a Madrid, donde nada más llegar tenía prevista una reunión y luego una cena de trabajo. Afortunadamente, sabiendo que Atocha era la última estación, me dormí todo el trayecto y eso me recuperó bastante.

El jueves a primera hora de la mañana, Isabel y yo salimos para Barcelona, donde teníamos una serie de reuniones. Nada más llegar nos fuimos al hotel, dejamos nuestro equipaje y nos separamos para acudir, cada uno, a distintas reuniones y así poder cubrir todos los temas que teníamos que resolver.

Uno importante era el de Lluís Escolà, exmosso d’esquadra que fue escolta del president Puigdemont, con quien se están cebando por el simple hecho de haber cumplido con su deber después de haber sido relevado de esas funciones, utilizando sus días libres y de vacaciones para proteger al president (cuya seguridad no parece importarles a muchos). Escolà fue contratado para un puesto de libre designación en el que no ganaba más que en su puesto como mosso, pero según la querella de Fiscalía y el juez Ramos esa designación fue un acto prevaricador por parte del conseller Buch, y el pago de su sueldo un acto de malversación de caudales públicos.

Escolà y Buch están siendo investigados por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en una causa que instruye el juez Ramos y que se ha tomado como algo muy personal. La imputación no solo es descabellada, sino que se trata de una clara investigación prospectiva que no pretende determinar unos hechos y luego ver si los mismos son o no delictivos: el auténtico objetivo no es otro que investigar a todo aquel que en algún momento haya podido ayudar o proteger al president Puigdemont.

El juez Ramos, de designación política, se ha dedicado a bendecir, digamos autorizar, una serie de diligencias que son intromisivas, vulneradoras de derechos fundamenta­les y, sobre todo, absolutamente innecesarias para los hechos que se dice son los investigados.

Con dicho propósito se han cursado un sinnúmero de diligencias, dando manga ancha a los investigadores y realizado peticiones de todo tipo, tanto a nivel nacional como internacional… Los gastos suman y siguen, pero a nadie parece importarle porque las arcas públicas, cuando de re­primir se trata, parecen no tener fondo.

Por definición, y así lo ha establecido toda la jurisprudencia existente, los cargos de libre designación son puestos de confianza en los cuales el único criterio para la elección de quien lo ha de ocupar es, justamente, la confianza que se le tenga por parte de la autoridad que le designa. A partir de tal premisa, es evidente que no puede existir la alegada prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas), y sin el concurso de prevaricación pagar un sueldo a una persona contratada de ese modo no puede ser malversación sino una obligación.

Es importante insistir en algo esencial: el sueldo que esos meses recibió Lluís es exactamente el mismo que cobraba como sargento de Mossos y, por tanto, ni tan siquiera puede argumentarse que se pretendió beneficiarle ni nada.

Llevamos meses con este caso y quienes lo dirigen han abierto tantas líneas de investigación como se les ha antojado, con el único fin de ir construyendo, de cara a otro procedimiento, una imputación falsa en contra de todos aquellos que, como he dicho, han estado protegiendo al president Puigdemont.

¿A qué obedecen estas actuaciones? Sinceramente lo desconozco, pero bien parecen tener una clara intencionalidad política y tratan de dejar muy claro que quien ayude a los exiliados deberá asumir las consecuencias.

Las reuniones se sucedieron a lo largo de todo el día y sobre las 17.30 horas Isabel y yo nos volvimos a juntar en el hotel para salir en coche hacia Arbúcies, donde tenía prevista una presentación de mi anterior libro y luego una cena.

El evento lo había organizado un amigo de la infancia de Isabel que vivía en Arbúcies desde hacía más de treinta años y llevaba hablándonos de hacer algo en su pueblo en cuanto se pudiese.

Junto al ayuntamiento se había montado un escenario y ubicado sillas, en semicírculo y respetando la distancia social, que se ocuparon por estricto orden; fue un evento muy grato y con una ronda de preguntas y respuestas muy interesantes.

Nada más finalizar fuimos caminando hasta un restaurante donde habían reservado una zona privada para que cenásemos en una mesa de amplias proporciones, montada específicamente para la ocasión con la finalidad de mantener, todos, la distancia social también durante la cena.

La cena, por lo agradable que fue, se alargó bastante por lo que regresamos a Barcelona bastante tarde. A la mañana siguiente teníamos que madrugar para una reunión y luego salir al aeropuerto y regresar a Madrid.

El fin de semana lo usamos para seguir preparando la vista del president Torra. Una vez más, quien terminaba pagando las consecuencias del trabajo de sus padres era nuestra hija Elena, que veía que no había más planes que estar en casa, así que llamamos a unos amigos para ver si traían a su hija y que las niñas tuviesen algo de vida, de normalidad y de entretenimiento en un año que estaba siendo de todo menos normal.

Como si no fuese suficiente con tener que trabajar todo el fin de semana, la noche del 12 al 13 de septiembre sonó el teléfono de Isabel y la oí decir: «Sí, sí, sí, pues ahora iré para allá». Nada más colgar le pregunté qué pasaba, y su respuesta fue clara, concisa y rotunda: «Han vuelto a entrar en el despacho».

Era el segundo allanamiento que sufríamos en nueve meses y, al igual que el anterior, seguramente habría sido orquestado, ejecutado y encubierto por los mismos.

Como no podíamos dejar a Elena sola, que además ya dormía, y no era necesario que fuésemos ambos, me vestí y partí al despacho sin aún saber con qué me encontraría.

Al llegar vi una dotación policial en la puerta y les indiqué que iba a aparcar y regresaba; al acceder al despacho me informaron de que quien lo hubiese cometido habría entrado por la ventana del semisótano, que estaba forzada al igual que la reja que la protege.

Entramos con mi llave, di las luces e inmediatamente los agentes y yo pudimos hacernos una idea de lo sucedido: todos los sensores del sistema de alarma estaban perfectamente desmontados y colocados justo frente al lugar que les correspondía.

Dimos una vuelta por todo el despacho para ver si en principio faltaba algo, pero era evidente que no: lo de mayor valor —ordenadores, teléfonos y otros equipos informáticos— estaba todo en su sitio. Me preguntaron si había algo más de valor o dinero y les expliqué que lo de más valor eran los expedientes de nuestros defendidos, que estaban digitalizados y a buen resguardo.

A los pocos minutos llegó el comisario de la zona, quien ordenó que se llamase a la policía científica para la toma de huellas, y les indicó a los agentes presentes que antes de venir había revisado la situación y que era la segunda vez que pasaba lo mismo. Dijo que no estaba dispuesto a que esto sucediese «en mi distrito y en mi turno por segunda vez».

Tuvimos que esperar una hora hasta que llegaron los de la policía científica, que en general son gente muy profesional. La oficial al mando me preguntó qué tipo de casos llevábamos en el despacho y le expliqué que, entre otros, las defensas del president Puigdemont y el president Torra. No me dejó continuar diciéndome: «Vale, me queda claro el móvil».

Estuvieron otras dos horas realizando tomas de muestras y una completa revisión del despacho, pero todos los presentes éramos conscientes de que, primero, no se encontrarían huellas y, segundo, el que ninguno de los equipos de seguridad hubiese funcionado era un claro síntoma de que contaban con amparo en algún lugar de esa cadena… Posteriormente hemos comprobado que la empresa Securitas fue incapaz de darnos ninguna explicación razonable de lo sucedido, ni tan siquiera imágenes de los intrusos… según ellos porque «si bien se cogieron imágenes las mismas no han podido ser recuperadas».

Las cloacas estaban a pleno funcionamiento y esto sucedió, como había pasado en enero, a escasos días de la vista de casación del president Torra en el Supremo… Hace tiempo que dejé de creer en las casualidades.

Al terminar cerré todo, agradecí el trabajo a los agentes allí presentes —que sin duda eran tan inocentes de lo sucedido como nosotros— y me marché a casa cerca de las cinco de la madrugada.

El lunes 14 Isabel y yo cogimos el primer vuelo de la mañana a Barcelona. Teníamos que reunirnos con el president Torra y su equipo para preparar todo lo que se tenía que hacer el día de la vista en el Supremo, y explicarle por dónde llevaríamos la vista, cómo la plantearíamos y qué cosas era bueno que se reforzasen en la comparecencia que el propio president tenía prevista para después de la vista.

Llegamos muy temprano al Palau y me fui directamente a las Cases dels Canonges, la zona privada donde nos habían indicado que nos reuniríamos, y ahí ya estaban Pere Cardús, Anna Figueres y el propio president, que es una persona tremendamente puntual. Nos reunimos en una sala amplia de la primera planta para conservar las distancias de seguridad. El president Torra mantenía, desde antes del confinamiento, una sólida e inteligente postura respecto a cómo debía abordarse el tema del covid y se enfrentó a propios y extraños para intentar que se siguiesen unos criterios concretos, todos ellos médicos, que permitiesen superar una crisis sanitaria sin precedentes; lo que predicaba se lo aplicaba, y por tanto esa reunión sería presencial pero en «formato covid». Tenía que ser presencial porque a esas alturas teníamos ya muy claro cómo habían operado, desde las catacumbas del Estado, aquellos que se han apropiado de la «patria» y de sus resortes de poder; Pegasus era una realidad y desconocíamos si era la única vía por la que se habían colado en nuestras conversaciones e intimidad, por lo que toda precaución era poca.

Desayunamos juntos y comenzamos a hacer una exposición de lo que teníamos preparado, para luego entrar en una suerte de turno de preguntas tanto sobre los aspectos sustantivos de la vista como los formales, que, en un caso como este, son tan relevantes que no se pueden dejar a la suerte.

Isabel llevó la voz cantante en la explicación sobre el sentido de la vista y el contenido de la exposición, y yo me limité a ir apuntando aquellos aspectos que me parecía que podían ser de interés del president Torra; este, no lo olvidemos, es abogado también y, por tanto, sus preguntas no solo son las propias de un defendido, sino las de uno con fina formación jurídica.

Luego tomaron la palabra Pere y Anna, que tenían importantes preguntas de cuyas respuestas dependerían aspectos organizacionales. Fuimos dando respuesta a to­das y buscando, entre todos, la mejor aproximación a cada asunto, teniendo presente que estábamos ante una mezcla entre lo jurídico y lo político. Es el problema de la Lawfare: arrastran lo político al ámbito de lo jurídico y llega un momento en que son dos áreas inescindibles.

El president, desde hacía ya meses, nos había indicado su deseo de acudir a la vista, absolutamente comprensible y necesario; el único debate que teníamos, a nivel técnico, era si íbamos a solicitar o no que hiciese uso de la palabra, y ello por razones estrictamente jurídicas que tenían relación con lo que se denomina la «doble instancia», es decir con una nueva valoración de prueba, en vía de recurso, sobre temas en los que el TSCJ ni tan siquiera se había pronunciado a pesar de ser materia objeto de debate.

La decisión final, que se basó exclusivamente en criterios técnico-jurídicos, fue que haríamos una vista de casación sin intentar entrar en lo que debería haber sido el sentido de la vista: cumplir con el requisito de la doble instancia. Consideramos, y creo que fue un acierto, que al saber cuál sería el resultado del recurso no valía la pena darles la oportunidad de restarnos ni un solo argumento de cara al TEDH.

La reunión fue larga y productiva, y como el president Torra siempre nos ha manifestado su absoluta confianza en nuestro desempeño profesional, aquellas cosas que se plantearon que podían generar dudas a nivel jurídico las dejó zanjadas de manera rotunda: «Estoy en vuestras manos y sois los mejores, se hará lo que digáis porque el resultado aquí está claro y tenemos que reforzar la vía europea».

Nada más salir de ahí nos fuimos caminando hasta el Born, donde habíamos quedado con Costa y Cekpet; la idea fue reunirnos en una tranquila terraza de esa zona y allí trabajar los temas que teníamos pendientes de cara a la vista y distribuirnos el trabajo de los próximos días.

Cekpet no quería ir al Parlament, y tampoco teníamos claro que pudiésemos hablar tranquilamente dentro de un edificio que sabíamos podía ser objeto de intromisiones electrónicas e ilegales por parte de los de siempre. La reunión fue larga y, como siempre nos ocurre, partimos por lo concreto pero nos fuimos desviando del objetivo y hablando de múltiples temas que teníamos pendientes; serían importantes en las semanas y meses que quedaban del año y además estaban directamente relacionados con la vista que teníamos esa semana.

Al despedirnos todos teníamos las cosas claras y los deberes repartidos, pero no habíamos tomado ni media nota sobre nada de lo hablado, no era necesario ya que en un buen equipo cada jugador sabe cuál es su posición en el campo y qué debe hacer en cada momento.

Desde el Born nos fuimos caminando de regreso a la plaza de Sant Jaume, donde teníamos otra reunión prevista, esta vez con Josep Rius y con E. para revisar el tema de Pegasus. Cada día avanzábamos más sobre ello y nos íbamos dando cuenta de la dimensión de este caso de guerra sucia que los medios seguían silenciando, como si ellos mismos no hubiesen sido víctimas de tan delictiva intromisión.

Casi al llegar nos dimos cuenta de que Josep estaba comiendo algo rápido en un sitio cercano, entramos y le acompañamos mientras terminaba, un tiempo que usa­mos para ponernos al día de todo tipo de cosas, entre ellas algo que a todos nos preocupaba: la agenda que el Supremo tendría para deponer al president Torra.

Cuando terminamos nos acercamos a la oficina de Josep y se nos acercó E., como siempre con su inseparable mochila negra, de la que saca grandes sorpresas.

La conversación fue muy dinámica, nos puso al día de todos los avances que se habían conseguido, en esa ocasión solo fue necesario pedirle que nos «tradujese» lo que estaba diciendo sobre dos puntos concretos. Éramos tres abogados y un informático, por lo que era evidente que no hablábamos el mismo idioma, aunque en algunos aspectos sí podíamos entenderle. El tema era más grave de lo que inicialmente habíamos pensado, pues el ataque había sido más amplio, masivo y prolongado en el tiempo de lo que se había dicho en los medios, cuando se vinculó el Pegasus exclusivamente al presidente del Parlament, Roger Torrent. Estaba claro que el objetivo no eran políticos de segundo orden, sino el propio president Puigdemont y quienes, en una u otra función, estábamos más cerca de él.

Para conseguir vulnerar el secreto de las comunicaciones del president Puigdemont, que además tenía inmunidad, fue necesario realizar ataques masivos a todo su entorno con el propósito de ir acercándose al objetivo. Se trataba de una auténtica guerra fría e íbamos comprendiendo el cómo, el cuándo y el cuántos, pero aún no teníamos claro quiénes eran los responsables.

Aproveché la ocasión para comentar una información que me había dado una persona en Madrid y que hacía referencia al origen de dicha operación y el uso masivo de Pegasus. Todo apuntaba, y apunta, a un grupo muy concreto de funcionarios públicos que, excediéndose en sus funciones, malbaratando recursos públicos y creyéndose impunes habían desplegado el operativo que estábamos desentrañando… La información era buena y tenía mu­cho sentido.